El 1 de noviembre del 2011 , se presento el proyecto de ley por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la Cámara de Diputados. La renovación del Congreso tras las elecciones, ¿traerá novedades?
Hace dos años los ojos y expectativas de centenares de mujeres y organizaciones sociales y políticas de todo el país estaban puestos en el Congreso de la Nación. Por primera vez en la historia argentina se iba a tratar un proyecto de ley que despenalizaría y legalizaría la interrupción voluntaria del embarazo.
Después de cuatro intentos frustrados, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito consiguió que se incorporara a la agenda parlamentaria de una de las comisiones donde debe ser tratada, la de Legislación Penal. Allí, luego de la discusión de ese y otros proyectos referidos al aborto y el aborto no punible, y mediante una maniobra poco clara para dejar sin quórum a la comisión, fue cajoneado y desde entonces, desde aquel 1 de noviembre de 2011, sigue sin discutirse.
El proyecto de ley, vuelto a presentar año tras año, lleva la firma actualmente de diputados de casi todos los bloques (con la excepción del Peronismo Federal) y cada ciclo legislativo consigue mayor cantidad de adhesiones. La transversalidad del proyecto habla de lo contundente del reclamo y la sentida necesidad del derecho. Pero aún con un apoyo creciente, la falta de voluntad política real de los bloques parlamentarios mayoritarios de llevarlo al recinto y discutirlo es la mayor traba al día de hoy.
La sociedad argentina –y por ende sus referentes políticos- es compleja y contradictoria en muchas ocasiones. Por un lado, como hace no mucho tiempo publicábamos en este portal, todos los partidos principales se disputan entre sí la referencia del papa Francisco y ser su voz en esta tierra. Voz que incluye, sin duda, la posición oficial de la Iglesia Católica, contraria al derecho al aborto. Desde ya que las creencias religiosas no son una traba para apoyar la despenalización y legalización del aborto, ni deberían ser el centro de la discusión –considerando al aborto ilegal como un problema de salud pública, derechos humanos y justicia social- pero la institución eclesiástica constituye en la Argentina –y el mundo- un grupo de poder y presión que desarrolla una agenda política donde la oposición a este derecho está en su lista de prioridades. A pesar de esto, en las elecciones, el tema se hizo lugar gracias a la militancia sostenida de la Campaña Nacional y otros sectores que lograron ponerlo en agenda de forma casi ineludible. Así, buena parte de los principales candidatos fue interpelada en los medios de comunicación sobre su posición al respecto.
El Congreso que se viene
De los 59 diputados y diputadas firmantes del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 19 no seguirán formando parte de la Cámara. De los ingresantes, algunos nombres preocupan por su trayectoria en relación al tema como el ex ministro de Salud Juan Luis Manzur o el rabino Sergio Bergman. Pero también muchos de los legisladores electos se manifestaron a favor de la legalización del aborto en general. Martín Insaurralde, del Frente para la Victoria (FpV), por ejemplo, afirmó que si bien él se identifica como “pro vida”, es necesario “abordar esa discusión con la sociedad”. También reconoció que “existen abortos ilegales en la Argentina todo el tiempo, donde sufren mujeres desamparadas que son víctimas de esa ilegalidad y el Estado está ausente”. En el mismo sentido se posicionó el diputado electo por el frente UNEN en la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, apoyando la despenalización del aborto: “Es una discusión que como sociedad adulta tenemos que dar”. Incluso Daniel Filmus, senador saliente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicó hace unas semanas que pasadas las elecciones –intencionalmente- presentará en la Cámara Alta un proyecto de ley propio sobre la despenalización –no es de público conocimiento aún si incluirá la legalización también- del aborto.
Es interesante ver como muchos de los y las diputadas entrantes (también los salientes) se pronuncian a favor de los abortos “no punibles”, incluso como argumento para marcar su postura en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en general. Es el caso de Miguel Del Sel, diputado electo por el Pro en la provincia de Santa Fe que dijo en Rosario3.com estar “en contra” pero “a favor en casos de violación o de riesgo de vida de la mamá”. En el mismo sentido se expresó Mirta Tundis, del Frente Renovador en una entrevista en el diario Página 12: “No estoy a favor del aborto en sí mismo, pero si en ciertas circunstancias”.
Son pocos los bloques con acuerdo unánime sobre este tema: el del Partido Socialista, el de Unidad Popular y el nuevo bloque que asumirá en diciembre del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El resto, se manejan con libertad de conciencia partidaria en este tema.
Como decía una semana atrás Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña, a Marcha, los pasos que se avanzó en los últimos años -además de la suma de adhesiones legislativas- están muy ligados a una “legalización social del aborto”. Sin duda el peso que la opinión pública y el consenso social juegan para que sus representantes opten por posicionarse en relación al tema, o que incluso cuestionen sus creencias personales en pos de un beneficio social es fundamental. Pero lo cierto –desde una mirada pesimista- es que la definición de qué va a pasar con el aborto en la Argentina está sumamente ligada a los juegos de poder por arriba y la voluntad política de los dirigentes de los partidos mayoritarios de impulsar y llevar adelante el debate. Harto conocida –y no por eso menos significativa- es la postura negativa de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Como dirigente máxima del oficialismo, su postura –personal, política y en relación a sus alianzas de poder- tiene un peso que solo puede torcer la fuerza de la movilización social y el debate público sostenido y profundo.
Cuando llegue el día en que efectivamente el aborto esté legalizado, la democracia argentina habrá tenido una lección de cómo legislar velando los intereses de las mayorías. Este proyecto de ley, surgido y elaborado desde las necesidades y organización del pueblo, demuestra que es posible la articulación de diferentes sectores políticos para conquistar un derecho.
Fuente
No hay comentarios:
Publicar un comentario